Recientemente un conflicto involucró a la Justicia por el uso de un sistema de datos
biométricos en la ciudad de Buenos Aires, analizamos los planteos por parte de ONGs y organizaciones de Derechos Humanos ante el uso de este tipo de tecnología sobre la población en nuestro país y el mundo. Representantes del oficialismo porteño y legisladores opositores marcaron sus posiciones.
Los hechos
La Justicia porteña suspendió el 12 de abril el sistema de reconocimiento facial de prófugos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tras detectar un uso ilegal que permitió acceder a datos biométricos de millones de personas que no estaban siendo buscadas, entre ellas dirigentes políticos, sociales, sindicales y de derechos humanos, como también jueces, empresarios y periodistas.
El juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, Roberto Gallardo, ordenó una batería de medidas de prueba que incluyó el secuestro de computadoras y dispositivos por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el Centro de Monitoreo Urbano del barrio de Barracas.
El juez aseguró haber constatado que el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) del ministerio de Seguridad de CABA fue utilizado para obtener datos biométricos entre muchas personalidades públicas como el Presidente de la Nación y su vice; otros dirigentes políticos, dirigentes de Derechos Humanos como Estela de Carlotto, periodistas, empresarios y funcionarios judiciales.
El sistema de monitoreo del ministerio de Seguridad porteño está habilitado a solicitar datos biométricos provenientes del Registro Nacional de las Personas (Renaper) siempre que se traten de personas incluidas en la Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC), que en 2019 eran unas 35.000 y este año llegaron a 40.000. Sin embargo, entre abril de 2019 y marzo de 2022, las consultas de datos biométricos realizadas desde la cartera de Seguridad porteña fueron 9 millones, una cifra que no se corresponde con la población de individuos requeridos por la Justicia.
La posición del Gobierno porteño
El Gobierno de la Ciudad le atribuyó al magistrado supuesta "pérdida de imparcialidad", "El doctor Roberto Andrés Gallardo ha demostrado una evidente falta de imparcialidad, además del desatino con que condujo el actual proceso, que lleva a mi mandante a rechazar su artero accionar y requerir su apartamiento de la causa", agrega en su presentación Diego Farjat, apoderado del Gobierno porteño.
*El ministro de Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro, aseguró durante una conferencia de prensa que el fallo del juez Gallardo constituye “un ataque al sistema de seguridad de la Ciudad” y afirmó que el magistrado se puso “al servicio de la política”. D´Alessandro negó que en la base de datos del sistema de reconocimiento facial figuren personalidades públicas como referentes de organismos de Derechos Humanos o la vicepresidente.
El ministro argumentó que Gallardo “confunde la validación de identidad, que se da en muchos trámites que se hacen en la Ciudad” con “las personas que están cargadas en el sistema de reconocimiento facial”, y dijo que “todos los que hicimos un trámite en la Ciudad, como certificar un domicilio, hacer una denuncia, o una vacunación pasamos por la validación de identidad”.
Sin embargo, diferenció esta situación del sistema que rige el reconocimiento facial, donde el objetivo es “reconocer a los prófugos con pedido de captura”. “Esto permite reconocer violadores, asesinos, el reconocimiento facial permitió que muchos delincuentes que vivían entre nosotros hoy estén presos”, afirmó.
En tanto, el funcionario Felipe Miguel sostuvo que la Ciudad presentó la recusación para que el magistrado deje de entender en esta causa por su “flagrante parcialidad y por haber dictado un fallo político y a favor del kirchnerismo”.
Postura de la oposición porteña
La legisladora del Frente de Todos, Victoria Montenegro, dijo que el sistema de reconocimiento facial es "discutido en todo el mundo, porque permite identificar prófugos pero se nutre de los datos de millones de personas que transitan por la calle".
En ese sentido, señaló que "estamos ante un escenario de irregularidad" en el que por "decisión política del jefe de Gobierno", Horacio Rodríguez Larreta, la Legislatura local "no regula ni da seguimiento a las medidas que toma el Gobierno de la Ciudad". Asimismo, manifestó que la pregunta es "por qué motivo" el Gobierno porteño "se hizo con los datos de millones de personas que no tienen ninguna causa judicial".
El perito de la justicia federal, Ariel Garbarz, asesor en materia informática del Frente de Todos dijo que una de las consecuencias de esta vigilancia masiva puede llevar a "Tener la cara de alguien asociada a un día, a una hora y a un lugar determinado y, a su vez, vinculada a las caras de otras personas puede servir para armar un carpetazo e inventar un delito que no fue cometido".
Postura de los Organismos de Derechos Humanos
Las organizaciones de Derechos Humanos pidieron a la Legislatura porteña que cree una comisión especial de seguimiento de los sistemas de vigilancia biométrica de la Ciudad de Buenos Aires, a partir de irregularidades denunciadas sobre el uso del Gobierno porteño del mecanismo de reconocimiento facial.
En una declaración conjunta las organizaciones de DDHH afirmaron que "Las evidencias en el mundo demuestran que estas herramientas pueden violar el derecho a la privacidad, producir errores que afecten el derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la presunción de la inocencia y provoquen la criminalización de personas incorrectamente identificadas".
"Resulta absolutamente preocupante que en la actualidad estas tecnologías de vigilancia sean utilizadas sin el control que el propio marco normativo dispone, poniendo en riesgo los derechos de las personas que habitan la Ciudad de Buenos Aires", expresó el documento presentado a la Legislatura por las organizaciones de DDHH.
Los organismos consideraron "necesario el desarrollo de instancias de control sobre el modo en el que se utilizan y las finalidades del uso de los Sistemas de Video Vigilancia y en particular del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos en la Ciudad de Buenos Aires", el pedido está apoyado en que así había sido establecido por la Ley 6.339, sancionada en el 2020, que modificó la norma de creación del Sistema Integral de seguridad pública de CABA.
"Las evidencias en el mundo demuestran que estas herramientas pueden violar el derecho a la privacidad, producir errores que afecten el derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la presunción de la inocencia y provoquen la criminalización de personas incorrectamente identificadas", declararon en el documento.
En ese sentido, también remarcaron que "estas tecnologías pueden generar un efecto inhibidor y desincentivar gravemente la manifestación de formas de disidencia, generando así un obstáculo en el ejercicio del derecho a la libertad de reunión, la libertad de asociación y la libertad de expresión".
Por último, el abogado y director de Litigios del CELS, Diego Morales, sostuvo que "el Gobierno de la Ciudad debe dar explicaciones acerca de las búsquedas que hizo de datos biométricos de tantas y tantas personas".
*Uso encubierto o sin consentimiento de la población
*Filtraciones o hackeos a la base de datos por una pobre o nula implementación de medidas de seguridad
*Permite individualizar y realizar un seguimiento preciso de cada persona
*Facilita la vigilancia masiva en forma automatizada: los algoritmos de reconocimiento facial deben necesariamente detectar todos los rostros que registran las cámaras en donde están implementados. Por más que el nombre de una persona no esté vinculado a su rostro, el software igualmente lo estará reconociendo.
La experiencia a nivel internacional:
Según Amnistía Internacional, uno de los países más avanzados en este tipo de tecnologías es China, donde se utiliza el polémico programa SkyNet o el caso de la vigilancia, persecución e internamiento forzoso de uigures y otras minorías islámicas de este país.
“Las agencias de seguridad pública chinas están utilizando productos vendidos por empresas europeas para aumentar su capacidad de vigilancia abusiva. Estas empresas se lucran con la venta de tecnologías de vigilancia digital que están relacionadas con terribles violaciones de derechos humanos”, detalla AI.
adoctrinamiento del Estado chino van de la mano, y tal y como apunta la investigación de AI, el suministro de material de vigilancia por empresas europeas al régimen podría haber “contribuido con la limitación de las libertades de los ciudadanos del gigante asiático”. A la vez, Europa es muy estricta en cuanto al uso de reconocimiento facial y sistemas biométricos.
A modo de conclusión
Hasta la fecha la suspensión del sistema se mantiene, pero los ciudadanos no deberían entrar en la falsa dicotomía entre ceder ni su derecho a la intimidad ni a su seguridad, en el caso del reconocimiento facial queda expuesto cuando podemos apreciar que el Estado cuenta con medios menos invasivos para llevar a cabo esas funciones básicas de seguridad, además en nuestro país falta una ley hecha específicamente para proteger los datos biométricos de la población.
No parece quererse brindar más seguridad, sino que en los países donde se aplican los sistemas de reconocimiento facial suelen ser herramientas de vigilancia y control contra sus ciudadanos, poniendo en riesgo el ejercicio de los derechos fundamentales, en el espacio público y en el desarrollo de la vida en sociedad.
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